El próximo jueves 22 de marzo presenciaremos la siguiente etapa en el nuevo proceso de vacancia contra el Presidente Pedro Pablo Kuczynski, quién deberá acudir al Pleno del Congreso para exponer su defensa tratando así formalmente de convencer a los congresistas de permitir su permanencia en el cargo y descartar el pedido de vacancia. 

Buscando repetir el resultado logrado en diciembre del año pasado, mes en el que fracasó el primer proceso de vacancia debido a la abstención de congresistas de Alianza para el Progreso (APP), Nuevo Perú y disidentes de Fuerza Popular; el oficialismo pretende afrontar el nuevo proceso argumentando la presunción de inocencia del mandatario frente a las acusaciones de vínculos y negocios con la empresa Odebrecht, el respeto al debido proceso y a la investidura presidencial, las motivaciones personales de las fuerzas de oposición y principalmente que una eventual vacancia presidencial agudizaría la crisis política antes que solucionarla.

Mientras, las fuerzas de oposición tratan de sumar votos para alcanzar los 87 votos necesarios para destituir al Presidente, calculan el impacto de cómo esta decisión será percibida en la opinión pública y analizan que beneficios pueden obtener para sus respectivas organizaciones. Públicamente dirán que siguen analizando los argumentos que ha dado y dará el Presidente o que están revisando los documentos sobre los negocios de PPK; cumpliendo así con ser implacables en la lucha contra la corrupción mientras callan, tergiversan, direccionan o cuestionan las revelaciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata de haber financiado las campañas presidenciales de sus líderes políticos.

Haciéndose de dominio público una verdad que ha buscado ser ocultada: el financiamiento del poder económico empresarial en las campañas electorales y su influencia en la mayor parte de la clase política. Situación que siempre ha existido y que Odebrecht encontró al llegar a nuestro país, eso sin hablar de los sobornos a funcionarios públicos y la normalización de las coimas en una gran variedad de proyectos en los diferentes niveles de gobierno. Es por eso que no nos dejemos confundir, Odebrecht y otras empresas brasileñas no inventaron la corrupción, ésta ya existía en nuestra sociedad desde por lo menos el Virreynato. Lo cierto es que Odebrecht modernizó y profesionalizó este sistema de coimas y esta manera de relacionar el poder empresarial con la clase política, con la complicidad y apoyo de los grandes grupos económicos y empresas peruanas, la “revelación” de la participación de la CONFIEP en las elecciones de 2011 y la participación en IRSA y otros proyectos cuestionados no hace más que recordárnoslo.

Pero el cuestionamiento a la clase empresarial, a la clase política, a las fuerzas de oposición y a las instituciones de control y justicia, no salva por descarte al presidente de la República. Quien en estos ya 18 meses de gobierno ha hecho denodados esfuerzos por debilitar el poder del Ejecutivo, afectar la credibilidad de la Presidencia y ahondar la crisis política que vivimos. Con un gobierno que se ha ido debilitando mes a mes por propia indecisión y por no saber cómo o no poder enfrentar a las fuerzas de oposición y cuya popularidad ha ido descendiendo sostenidamente.

Parecía que ante la vulnerabilidad de la situación de su Presidencia y luego de salvarse dramáticamente de la primera vacancia, PPK había entendido que debía dirigir un gobierno centrista y republicano que permitiera darle rumbo al país en esta época tan difícil; pero a los 2 días de salvada su permanencia en el cargo nos demostró que el país no le importaba, al darle un indulto político al ex dictador Alberto Fujimori y tratar de justificar esta lamentable decisión con un discurso de reconciliación nacional que nadie creyó. De esta forma terminaba por dilapidar su credibilidad como mandatario y humillaba la investidura presidencial.

Las nuevas noticias sobre su vinculación con Odebrecht y su pobre defensa ante estos cuestionamientos no hicieron más que debilitar su presunción de inocencia ante la opinión pública y exponerlo ante una aun mayor oposición parlamentaria: A su principal rival Fuerza Popular, el APRA, Acción Popular y Frente Amplio; se le sumarían Nuevo Perú y parte de APP, fuerzas que hasta el 2017 no habían ejercido una radical oposición. Oposición que luego de diversas coordinaciones presentó una moción multipartidaria de vacancia y siguiendo el trámite parlamentario aprobó con 87 votos el pasado jueves 15 de marzo.

Este segundo proceso ha sido cuestionado por diversos opinólogos que bajo el argumento o excusa de la defensa de la institucionalidad o de la investidura presidencial consideran que un congreso impopular o fuertemente cuestionado no debería vacar al Presidente. Como ya lo hemos dicho la motivación de las fuerzas de oposición es netamente personal y no principista, pero también es cierto que el Presidente ha trabajado eficientemente por mermar la autoridad del Ejecutivo. Preservar las instituciones no debe significar un aval a la inconducta de quienes las dirigen, porque es precisamente esta inconducta la que deslegitima, corrompe y debilita a las instituciones.

En ese sentido, si el Presidente PPK es vacado, su vicepresidente Martín Vizcarra cumpliendo la Constitución lo reemplazaría y tiene la oportunidad de hacer lo que PPK no hizo: formar un gobierno que le dé un rumbo al país en este periodo tan complejo, actuando como una segunda transición que renueve nuestra débil democracia y nos permita llegar en una mejor forma al 2021.

Por eso es vital resolver la permanencia o no del actual Presidente; siendo esta la primera batalla que se debe definir si queremos concentrarnos en abordar y solucionar los problemas que aquejan a la población y plantear las reformas que con urgencia necesita nuestra nación.

Ante esto, no sabemos cómo terminará este segundo proceso de vacancia, probablemente no resuelva la crispación política que vivimos diariamente, pero no podemos seguir en esta suerte de limbo a la que nos ha llevado la mediocridad e irresponsabilidad de la clase política.