Este año 2018 que está a punto de terminar, ha sido sin duda el año más agitado políticamente del periodo democrático iniciado con el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. No solo por la sucesión constante de hechos, enfrentamientos, conspiraciones reales e imaginarias, cuestionamientos y conflictos por cuotas de poder; sino principalmente por sus efectos en la reconfiguración del mapa político "nacional" configurado y desarrollado luego de las elecciones generales de 2016. 

Pedro Pablo Kuczynski perdió la presidencia por la acumulación de denuncias y errores políticos cometidos en su breve gestión que terminó sin pena ni gloria en marzo de 2018. Pagó caro el otorgar el indulto al ex dictador Alberto Fujimori en vísperas de la navidad de 2017, indulto que no solo fue ilegal sino políticamente mal calculado y que meses después tiene a los principales protagonistas que lo propiciaron derrotados políticamente y complicados judicialmente: Kuczynski fuera de la presidencia y con impedimento de salida del país, Alberto Fujimori con su indulto anulado y con la orden de volver a su celda dorada en la DIROES que evade alojado en la Clínica Centenario, Kenji Fujimori suspendido del Congreso y con su proyecto político Cambio 21 paralizado para evitar el cuestionamiento público.

Fuerza Popular viene perdiendo su sólida mayoría legislativa mes a mes, tiene a su lideresa Keiko Fujimori y a varios de sus asesores y operadores principales en prisión preventiva o prófugos de la justicia, tuvo un lamentable desempeño en las elecciones regionales y municipales en comparación con las elecciones de 2014 y actualmente no demuestra capacidad de reposicionarse ante un escenario político adverso y altamente cambiante. Sin su lideresa y con una dirigencia ausente y en conflicto, han perdido en la práctica la capacidad de controlar y cohesionar a sus parlamentarios lo que se demuestra con el público distanciamiento del Presidente del Congreso Daniel Salaverry y con el reservado apoyo que este recibe de varios de sus colegas que aún no quieren renunciar. Sin un plan B, Fuerza Popular se alista a perder en los próximos meses el control del Congreso y ser más vulnerable judicialmente, pero parece que su mediocre dirigencia no entiende esta situación y entusiastamente conduce el barco hacia el abismo.

Alan García se ha visto más expuesto a las investigaciones fiscales y empieza verse más comprometido por el escándalo de corrupción Lava Jato. Si el 2016 significó el año de su mayor derrota electoral al obtener solo un 5% de los votos y demostrarse que su fama de locomotora electoral tenía más de mito sobredimensionado por su séquito de aduladores que de realidad contrastable; el 2018 significó el año donde su capacidad para colocar temas en agenda, demoler a sus opositores y manipular el escenario político, a pesar de todos sus esfuerzos ha fracasado. Tras su fallido escape al Uruguay debido a la denegación de su pedido de asilo político (rechazo que también recibió de parte de Chile, México, Colombia y Costa Rica), se encuentra hoy aislado y vulnerable lo que lo hace atacar compulsivamente con burdos psicosociales, mientras sectores de la población esperan que las investigaciones sigan y desean que sea llevado a juicio. No sabemos si esto último llegará a pasar, pero García va recibiendo su peor castigo: la destrucción de su mito político y la pérdida de su influencia en el ámbito político, económico, judicial y mediático; en resumen ver como el poder se le escapa lentamente de las manos.

El Partido Aprista sigue sin recobrar su autonomía, sigue dependiendo de los designios de Alan García que ha demostrado no solo ser una pésima locomotora electoral en el último proceso electoral nacional sino también un pésimo líder más preocupado en sus propios intereses que en los intereses de su colectivo político. Pero este escenario trágico para un partido político de la envergadura del APRA, no tiene como único culpable a García, también tiene como responsables a su argolla de dirigentes más preocupados por los beneficios que obtienen en sus cargos que en fortalecer y democratizar a la organización, y a los militantes del partido que han caído en la resignación, la complacencia o complicidad frente a la decadente situación de su partido. El resultado de la gestión de García al frente del partido lo ha llevado a su mayor crisis y lo acerca cada vez más a su extinción.

Las izquierdas agrupadas en torno al Frente Amplio que postuló la candidatura de Verónika Mendoza se encuentran divididas y dispersas (situación que no sorprende). Si bien en los últimos meses se han reagrupado en nuevos frentes y consiguen cierta atención mediática coyuntural, no demuestran una real convicción por consolidar un proyecto a largo plazo que les garantice convertirse en un actor político relevante y decisivo, afectando a la sociedad y a la democracia.

Alianza para el Progreso, luego de ver anulada la candidatura presidencial de César Acuña, ha seguido la ruta de fortalecer a la organización en el plano municipal y regional. En las elecciones regionales y municipales de 2018 ganaron 4 gobiernos regionales y decenas de alcaldías tanto provinciales como distritales luego de postular candidatos en todo el país. A pesar de los escándalos mantienen una bancada de 7 parlamentarios relativamente cohesionada que sirve de eventual apoyo al Presidente de Consejo de Ministros César Villanueva.

Acción Popular alejado de los escándalos siempre logra mantener presencia en el parlamento a pesar de contar con una bancada de 5 congresistas, obtuvo un gran éxito en las elecciones de 2018 al ganar la alcaldía Metropolitana de Lima con la candidatura de Jorge Muñoz, 13 alcaldías distritales en Lima, 3 gobiernos regionales y decenas de alcaldías tanto provinciales y distritales. Tiene pendiente resolver sus conflictos internos, renovar su dirigencia y empezar a prepararse para las elecciones generales de 2021.

Luis Castañeda Lossio, el todavía alcalde de Lima, se despide de su tercera gestión sin pena ni gloria. Con una ciudad aquejada por problemas estructurales que no han sido atendidos por un gobierno municipal sin planes, con malos manejos administrativos, una vocación por realizar obras que no solucionan los problemas, sino los agravan y con una alergia crónica a rendir cuentas. Castañeda ha comprobado que la ciudad de Lima no es la misma que gobernó en sus pasadas gestiones, su desaprobación superior al 70% de la opinión pública es un potente indicador que la ciudadanía no está dispuesta a seguir sufriendo sus "obras". Este año no solo acaba su mandato sino que también significó la derrota electoral de la marca Castañeda a través de la candidatura de su hijo Luis Castañeda Pardo que siguiendo su clásico discurso del obrismo obtuvo el 2.5% de los votos.

El escándalo Lava Juez revelado por Ideele Reporteros que develaba los pactos, maniobras y negociaciones corruptas de cierto sector de jueces y fiscales con relación al Callao pero que se ramificaba a las altas esferas judiciales, políticas y del extinto CNM, remeció el ambiente político nacional y despertó la indignación de la opinión pública marcando un cambio en la agenda pública. La mayoría de los protagonistas de estos audios se encuentran destituidos, investigados o enjuiciados lo que constituye una buena noticia en la búsqueda de justicia, pero solo responde a una revisión superficial del problema. El problema de la corrupción en el sistema de justicia y su permeabilidad frente al poder político es ampliamente conocido por los abogados, medios de comunicación y clase política, e intuido por la población en general; pero a pesar de esto no se hizo nada en estos años realmente por enfrentarlo y cuando se empiezan a proponer medidas de reforma para atender este postergado problemas, son vistas con desconfianza y hasta son atacadas con extremada fuerza por los mismos actores que callaron durante más de 15 años.

Martín Vizcarra asumió la presidencia en medio de una crisis política provocada por el enfrentamiento entre el Fujimorismo de Keiko Fujimori y el gobierno de Kuczynski que se saldó con la renuncia de PPK. Entendió que debía en los primeros meses renovar los cargos del ejecutivo, construir su propia agenda de gobierno y posicionarse en la correlación de fuerzas existente; en ese sentido supo no escuchar las posiciones extremistas y tomar su propio rumbo. Luego de revelarse el escándalo conocido como Lava Juez que comprometió al sistema de justicia, el Presidente materializó su agenda anticorrupción durante su mensaje a la Nación en 28 de Julio a través del anuncio de impulsar la reforma de justicia y la reforma política que serían ratificadas mediante un referéndum. De esta forma buscó canalizar el descontento e indignación ciudadana dentro de los márgenes institucionales y posicionar su liderazgo para conducir al país en medio de una grave crisis política y judicial. Estos anuncios rápidamente le produjeron enfrentamientos con las fuerzas políticas aludidas y/o comprometidas en los audios de Lava Juez e interesadas en mantener su poder en un sistema político débil, desconectado y poco institucionalizado.

Luego de semanas de confrontación y enfrentamientos, el Presidente logró que se aprobara el referéndum en el Parlamento y el 9 de diciembre obtuvo un respaldo indirecto de la población con la aprobación de 3 de las reformas y la negación del retorno a la bicameralidad con votaciones de más de 80% de los votos; posteriormente ha ratificado que seguirá dirigiendo un gobierno de reformas que vayan más allá del plano judicial y político. En resumen Martín Vizcarra ha entendido que dirige un gobierno de transición, en el entendido que tiene el deber de conducir la transición del país para sacarlo de una crisis de su sistema político e institucional hacia un Estado más democrático de cara al Bicentenario de la República, y para lograrlo debe emprender reformas impostergables y controlar la agenda pública, hechos que viene realizando con éxito frente a una oposición aplastada por su mediocridad y escándalos de corrupción.

Hoy la situación política es diametralmente distinta a lo que podíamos ver en julio de 2016, es cierto que con cada coyuntura se producen cambios y se alteran las correlaciones de fuerzas, pero la multitud de hechos que han acontecido en este año son comparables proporcionalmente con los ocurridos durante un gobierno de 5 años. En ese sentido este año que se acaba nos deja múltiples lecciones: "la fuerza debe ser conducida con sabiduría sino puede terminar acabándonos", "la mediocridad y debilidad nos conducen rápidamente al fracaso", "los vencedores sino miden la dimensión de su triunfo y se desconectan de la realidad pueden terminar siendo vencidos", "la debilidad con paciencia y habilidad puede convertirse en fortaleza", y "la política necesita convicciones, rendición de cuentas y transparencia para no perder su significado de servicio público y vocación por el bien común". Esperamos que los actores políticos entiendan estas lecciones, sino lo hacen están condenados tarde o temprano al fracaso y con ellos fracasa nuestra sociedad y nuestra democracia.